Luisondome
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| EL Alcalde de Vilagarcia con los Concejales de su Grupo. Foto: Iñaki Abella |
De Sanchez y su gobierno, nadie puede saber que es lo que opina, porque hoy opina una cosa y mañana la contraría. Tampoco podemos saber lo que piensa hacer, porque hoy dice que va a hacer una cosa o que una cosa hay que no haría jamás, y al poco tiempo se comprueba que hace lo contrario a lo que dijo.
Lo malo es que estas prácticas se están extendiendo por toda la geografía, o casi toda la geografía nacional. La consecuencia es que el PSOE está perdiendo toda la credibilidad en la ciudadanía, y si ya no puedes confiar en quienes hemos depositado nuestra confianza y nuestro voto, lo normal es que el ciudadano mire hacia otro lado en busca de a quien votar, o dudando de si nos quedamos en casa y pasamos de meter la papeleta en la urna.
Por esta razón, un buen número de Presidentes Autonómicos y de Alcaldes Socialistas están preocupados por la deriva que está tomando la acción de Gobierno de Sánchez y sus Ministros, pues ven peligrar sus respectivos cargos, dado que han de ser ellos quienes se han de enfrentar en primer término a un proceso electoral que les permita renovar sus cargos, o que les obligue a pasar a la oposición.
Todos los dirigentes socialistas están en este momento expuestos al escrutinio de sus respectivos votantes, que están esperando a que se pronuncien sobre cada una de las decisiones que se están tomando en Madrid, Cataluña y el Pais Vasco: la reducción de penas del delito de sedición, las del delito de malversación, la liberación de los presos del Process, y toda medida que allane el camino al separatismo y que favorezca la ruptura de España.
Valla por delante que personalmente estoy absolutamente en contra de que salgan adelante estas reformas, pues me parece que debilitan al estado de derecho, que tendrá muchos mas problemas para defenderse del próximo intento de separar Cataluña o el Pais Vasco de España. Tampoco estoy muy de acuerdo con los términos en que se redactaron algunas de las Leyes, las presentadas por Unidas Podemos especialmente. Estas son un chapuza legislativa, y lo estamos viendo a través de la aplicación por los jueces y fiscales de dichas Leyes, con consecuencias muy negativas y graves para quienes debería proteger e iban destinadas.
Personalmente tampoco me gusta el uso que se está haciendo de las Instituciones en beneficio de los intereses políticos de cada grupo, y en este cesto meto a todos los grupos políticos, al PSOE también, porque son los responsables directos del deterioro de dichas Instituciones, especialmente las relacionadas con la justicia, y esto va en perjuicio de los ciudadanos, que son a las que deben de dar servicio.
Por todo lo dicho, y como muchos otros ciudadanos, yo también estoy a la expectativa escuchar lo que tiene que decir nuestro Alcalde de Vilagarcia, el socialista Alberto Varela, sobre cada una de estas cuestiones. Digo esto, porque de su posición frente a estos asuntos, dependerá el que le vote, o vote al candidato de otro partido. Pienso que todo responsable político debe de retratarse ante los ciudadanos, no solo para la foto del cartel electoral, sino para que se conozca su credo político, pues es de ese credo de donde se supone que nace su proceder para gestionar lo publico.
Espero que alguno de los periódicos gallegos que se leen en la Villa le pregunten Alcalde de Vilagarcía por este tema, que es de interés para la ciudadanía. Quiero mucho a Vilagarcía, mi ciudad, pero antes quiero mas a mi país que a mi ciudad. El orden de prioridades lo tengo claro. Pronto tendremos Elecciones para elegir a nuestro Alcalde para otros cuatro años, y a los Concejales que le han de acompañar en la difícil tarea. Por esta razón es muy importante para la ciudadanía el conocer su posicionamiento, no solo frente a los asuntos locales, sino frente a los temas de importancia nacional, como los que se refieren a la defensa de nuestros valores y de nuestro país y su integridad territorial, así como de nuestra Constitución e Instituciones.
Hay un Manifiesto que ha hecho público la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición que han firmado numerosas asociaciones, entidades y personas, entre las que encontré la firma de Enrique León Calviño, ex Alcalde de Villagarcía, y la de otros ilustres socialistas y no socialistas gallegos como:
- José Luis Méndez Romeu, ex Secretario de Estado de Cooperación Territorial, Conselleiro de Presidencia en la Xunta de Galicia y Concejal Ayuntamiento La Coruña.
- Nona Inés Vilariño, Diputada constituyente, concejala Ayuntamiento de Ferrol.
- José Nogueira Fernández, Vicesecretario de la Mesa Parlamento Gallego, diputado provincial y concejal Ayuntamiento La Coruña.
- Salvador Fernández Moreda, ex Diputado y exPresidente de la Diputación La Coruña.
- Francisco Vázquez, Embajador, ex Alcalde de La Coruña y ex Diputado.
- Eduardo Blanco Pereira, Director General Consejo Superior de Deportes, Concejal Ayuntamiento La Coruña.
Manifiesto
La Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición, integrada por personas de distinta procedencia política, tras haber examinado la proposición de Ley Orgánica del PSOE y Unidas Podemos y de sus enmiendas en las que se abarata la Malversación de caudales públicos, se suprime el delito de Sedición tipificado en el Código Penal de 1995, siente el deber cívico de manifestar su oposición a su orientación y queremos trasladarlo al Gobierno, a los legisladores y a la sociedad española.
El Presidente Sánchez no mencionó en su discurso de investidura de enero de 2019 la modificación de los delitos de sedición y rebelión. La reforma de la sedición tampoco fue un compromiso electoral ni un acuerdo posterior con Unidas Podemos.
No nos podemos dejar engañar por lo que el discurso oficial denomina desinflamación del conflicto catalán ni por la argumentación de mantener los equilibrios políticos que en realidad son inexistentes, como se puede comprobar con el permanente conflicto político que bloquea las mayorías parlamentarias en el Parlamento de Cataluña, con la huida de cientos de empresas de la economía catalana, por la permanente desobediencia a las sentencias del Tribunal Constitucional y de los Tribunales en Cataluña y la presión a jueces y tribunales, así como por el boicot sistemático a que el español sea una lengua vehicular y a que los jóvenes puedan estudiar en esa lengua que es oficial.
Es una burla hablar de esa desinflamación cuando todos los condenados no han renunciado a la unilateralidad y han declarado que volverán a intentarlo. El propio presidente de la Generalitat ha manifestado que esta reforma penal va a hacer más difícil perseguir el independentismo y que han conseguido bajar el precio para cuando lo vuelvan a intentar.
Por eso, esta perversión del derecho penal mediante una ley particular para unas pocas personas y una sumisión a las pretensiones independentistas, que obedecen a la necesidad de contar con los votos de ERC y Bildu para los Presupuestos y quien sabe para qué más, no puede contar con nuestro silencio.
Por todo lo expuesto, las asociaciones y personas firmantes
- Denunciamos el proceder del Gobierno de coalición y la tramitación legislativa elegida para una Proposición de Ley Orgánica cuya finalidad ha sido prescindir de los per tinentes informes de los máximos órganos consultivos y de la necesaria racionalización y debates de un problema jurídico de tanta trascendencia. No se debe olvidar que la verdad se encuentra en el procedimiento de búsqueda.
- Rechazamos las actuaciones del Gobierno cuyo propósito, más allá de los retóricos argumentos esgrimidos, no es otro que el de obtener a cualquier precio el apoyo parlamentario de los partidos independentistas y anticonstitucionalistas que en esta ocasión exigen la supresión del delito de sedición y la desactivación para unos cuantos del delito de malversación. La finalidad de esa imposición no es otra que eximir de las penas de sedición y de malversación y de la inhabilitación a aquellos que actuaron delictivamente contra la Constitución, la integridad territorial de España y la convivencia democrática al declarar unilateralmente, al margen de las propias leyes de la Generalitat, la independencia de Cataluña.
- Advertimos a la opinión pública que, con la actual tipificación del delito contra la integridad territorial como un simple desorden público supondrá un estímulo para impulsar comportamientos atentatorios contra la Constitución y el ordenamiento jurídico democrático vigente.
- Reclamamos de los Grupos Parlamentarios proponentes la retirada inmediata de los artículos de la Proposición de Ley Orgánica en todo lo que se refieran a los delitos de malversación, sedición y tipificación del desorden público agravado, cuyo efecto supondrá agravar las penas de los derechos de reunión y manifestación.
- Requerimos a nuestros representantes en las Cortes Generales la urgente tipificación de un delito contra la Constitución con las penas recogidas en los códigos penales de las naciones europeas más avanzadas, para evitar un vacío legal que puede dividir aún más la convivencia democrática entre los españoles.
